La batalla de los biocombustibles: PyMEs contra la ley que las deja afuera y el Gobierno que mira a las grandes

 

Pymes y biocombustibles
     La imagen es ilustrativa y generada con IA

El oficialismo acelera en el Senado para desregular el sector y habilitar a las multinacionales aceiteras. Las pequeñas plantas alertan: "Es la sentencia de muerte para 25 fábricas y 10.000 puestos de trabajo".


Buenos Aires, 30 de agosto de 2026. – La próxima semana será de definiciones. Con el Gobierno de Javier Milei empujando una reforma clave, el Senado se apresta a dictaminar el proyecto de ley de Biocombustibles (S-809/26). Sin embargo, lo que para el oficialismo es un paso hacia la "desregulación y eficiencia", para las PyMEs del interior es un golpe mortal que favorece descaradamente a las grandes aceiteras y petroleras.

El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, propone aumentar el corte obligatorio de biodiésel al 10% (desde el 7,5%), pero con una trampa letal: habilita el ingreso al mercado interno de las gigantes del complejo agroexportador (Cargill, Bunge y AGD), que hasta ahora solo podían exportar. Las PyMEs, nucleadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), denuncian que esta jugada no busca ampliar la torta, sino redistribuirla a favor de los monopolios.

"Esto no es una reforma, es un acta de defunción. Una PyME produce 50.000 toneladas anuales; una multinacional, 600.000. Es competencia desleal pura y dura. Además, nosotros les compramos la materia prima a ellos", dispararon los empresarios en la última reunión de emergencia del sector.

El "efecto coprocesamiento" y la desaparición programada

Uno de los puntos más polémicos es el llamado coprocesamiento, que permite a las petroleras descontar hasta un 3% del corte del 10% con su propia producción. En la práctica, el mercado real para las PyMEs se reduce al 7%, anulando el beneficio del aumento. Para colmo, el texto oficial establece una reducción progresiva de la participación asegurada para las pequeñas empresas, que desaparecería por completo en 2031.

Frente a esta ofensiva, las PyMEs no se quedaron de brazos cruzados. Presentaron una contrapropuesta superadora que eleva el corte al 12,5% y segmenta el mercado de forma equitativa: un 5% para las 17 plantas PyME regionales, un 2,5% para otras compañías no integradas y un 5% para las grandes aceiteras. "Así crecemos todos. Pero ellos no quieren eso, quieren quedarse con todo el negocio", sentenciaron desde San Luis, provincia donde el cierre de la industria se da por inminente.

Alianza oficialista vs. Gobernadores

Mientras el oficialismo, alineado con la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), asegura que la ley fomentará inversiones y empleo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce. Se reunió con las PyMEs afectadas en territorio bonaerense (donde hay 10 plantas que sostienen 500 empleos directos y miles de indirectos) y advirtió sobre "las terribles consecuencias sociales" de una ley que prioriza el interés concentrado.

El conflicto dejó al desnudo la lógica del actual gobierno: una motosierra que, bajo el pretexto de la desregulación, corta por lo más fino. Mientras las grandes aceiteras celebran en Puerto San Martín, en el interior federal se escucha el rumor de 25 plantas al borde del abismo y 10.000 familias con el futuro en vilo.

La última trinchera

El dictamen en comisiones se espera para el próximo miércoles, con el voto oficialista asegurado. Las PyMEs saben que el tiempo se agota, pero insisten: "Solo pedimos competencia justa y previsibilidad. Si esto se aprueba así, la industria federal del biocombustible muere y la riqueza se concentra en las manos de siempre".

La pulseada final está en manos del Senado. Por ahora, la resistencia pyme sigue en pie, luchando contra un proyecto que, según denuncian, está redactado a medida de los grandes jugadores del mercado, mientras el Gobierno mira hacia otro lado, cómplice de la extinción de un sector que forjó décadas de trabajo y desarrollo en las provincias.

Estos informes los redacto con asistencia de IA. Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión.


Listado de las fuentes periodísticas y documentos oficiales consultados para elaborar el artículo:

Medios y portales de noticias

  • El Fuerte Diario: "Biodiésel: LLA busca acelerar una nueva ley y la PYMES bonaerenses están en pie de guerra"

  • Infocampo: "Pymes del biodiésel insisten en su rechazo a la nueva ley de biocombustibles: 'Es destruir la industria federal'"

  • Ámbito: "El Senado pisa el acelerador para una nueva ley de biocombustibles que amplíe los cortes"

  • La Nación: "Biocombustibles: las pymes proponen llevar al 12,5% el corte de biodiésel y alertan por el proyecto que impulsa el oficialismo"

  • TN: "Las pymes de los biocombustibles advirtieron que el proyecto oficial en el Senado pone en riesgo 10.000 empleos"

  • ON24: "CIARA celebró el avance en el Senado y pidió elevar el corte de biodiésel al 12,5%"

  • El Economista: "Pymes del biodiésel salen al cruce de la nueva ley y advierten por el futuro de 25 plantas"

  • Clarín: "Biocombustibles: ¿la libertad avanza?"

  • El Destape: "Federico Martelli, sobre la Ley de Biocombustibles: 'No se puede enfrentar a las pymes con las grandes aceiteras'"

Documentos oficiales y declaraciones institucionales

  • Senado de la Nación: Proyecto de Ley S-809/26 (Bullrich y otros) que "establece marco regulatorio de Biocombustibles en el territorio nacional"

  • Senado de la Nación: Versión taquigráfica de la reunión plenaria de comisiones del 17 de junio de 2026

  • Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB): Comunicados y declaraciones de su director ejecutivo, Federico Martelli

  • Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC): Comunicados de respaldo al proyecto de ley

  • Gobierno de la Provincia de Santa Fe: Postura oficial frente al proyecto de ley S. 809-26

Nota: Las fechas de publicación de estas fuentes se distribuyen entre mayo y agosto de 2026, reflejando el desarrollo del debate legislativo en el Senado

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