Las listas negras del Escudo: cómo la seguridad hemisférica se convirtió en censura
La retórica de "terroristas disfrazados" de Milei no es un exabrupto: es la punta de un entramado que incluye listas negras en la Casa Blanca, una base secreta del CENTCOM, credenciales revocadas en la Rosada, ONGs vetadas en la OMC y la presencia de Palantir como infraestructura técnica de vigilancia. Todo enmarcado en el Escudo de las Américas y su cruzada contra el "terrorismo político". Pero el informe también documenta los contrapesos: el CELS, Amnistía Internacional, la Asociación Gremial de Computación y los propios periodistas han resistido.
- El Escudo de las Américas reúne a 19 países plenos. Su objetivo declarado es combatir el narcotráfico, pero habilita un marco de designación de "terroristas" que incluye a actores no armados: periodistas, estudiantes, activistas y ONGs. No hay evidencia pública de listas negras equivalentes en otros miembros del Escudo, pero tampoco transparencia sobre los mecanismos de clasificación de cada país.
- En Estados Unidos, la Casa Blanca publicó "Media Offenders" (20 medios, 50 periodistas, incluido Jake Tapper de CNN), una filtración reveló la lista secreta de "Secure Line" (57 nombres, 10 periodistas) y The Intercept documentó una lista negra del CENTCOM.
- En Argentina, Milei revocó credenciales de cinco medios opositores (Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, FM La Patriada y El Destape) en abril de 2026 y vetó la acreditación de más de 60 representantes de ONGs en la OMC. La novedad no es la existencia de listas —durante el gobierno de Macri circuló un registro con más de 500 nombres— sino su institucionalización administrativa.
- Milei calificó a estudiantes, docentes, investigadores y periodistas como "terroristas disfrazados" en agosto de 2026. La frase, similar a la utilizada por la dictadura de Videla, fue rechazada por intelectuales y organismos de derechos humanos.
- El entramado institucional conecta Washington con Buenos Aires: la reunión de julio de 2026 convocada por Marco Rubio (con el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de la SIDE José Lago Rodríguez) y la visita del subdirector del FBI Andrew Bailey al CNA, que depende de la SIDE y se financia con fondos reservados.
- Peter Thiel (Palantir) visitó Buenos Aires en abril de 2026 y se reunió con Milei y Santiago Caputo. El DNU 941/2025 creó la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN). No hay evidencia pública de un contrato entre Palantir y el Estado argentino, pero la arquitectura legal y las capacidades de la empresa están preparadas para un sistema de perfilamiento y clasificación.
- Los contrapesos existen, pero su eficacia no está demostrada. El CELS presentó habeas data por el veto a las ONGs, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la vigilancia, la Asociación Gremial de Computación denunció el DNU 941 y los periodistas afectados hicieron públicas sus denuncias. No hay evidencia pública de fallos judiciales sobre las credenciales revocadas, ni de pronunciamientos de la CIDH o de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2026 — El 2 de agosto de 2026, Javier Milei dijo que en Argentina hay "terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores". No fue un exabrupto aislado. Fue la habilitación discursiva de un entramado que ya estaba en marcha: listas negras en la Casa Blanca, una base secreta del CENTCOM, credenciales revocadas en la Rosada, ONGs vetadas en la OMC y la presencia de Palantir como infraestructura técnica de vigilancia. Todo en el marco del Escudo de las Américas y su cruzada contra el "terrorismo político". Este informe, dividido en dos partes, desarma la maquinaria y documenta también los contrapesos.
1. El marco: el Escudo de las Américas y el "terrorismo político"
El Escudo de las Américas no es solo una alianza contra el narcotráfico. Es una arquitectura de seguridad que define quién es "terrorista" y quién no. En la reunión de Washington de julio de 2026, Marco Rubio planteó que, tras 25 años de una hipótesis centrada en el terrorismo islámico, era hora de ampliar la mirada y hablar del resurgimiento del "terrorismo político". Cuando la administración Trump habla de "terrorismo político", habla de la izquierda. Rubio mencionó ejemplos concretos como Montoneros o Tupamaros y dijo que ese "terrorismo político" podía ser derrotado porque ya lo había sido en el pasado. La receta era una: compartir inteligencia y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad.
Ese marco es el que habilita las listas negras. Si el "terrorismo político" incluye a la izquierda, a los movimientos sociales y a los periodistas críticos, entonces la clasificación de estos actores como "terroristas" deja de ser una exageración retórica y se convierte en una categoría operativa. El Escudo reúne a 19 países plenos. No hay evidencia pública de listas negras equivalentes en otros miembros, pero tampoco hay transparencia sobre los mecanismos de clasificación que cada país implementa en el marco de la coalición. La opacidad es parte del problema.
2. La retórica que habilita: "terroristas disfrazados"
El 2 de agosto de 2026, en una entrevista con Luis Majul para LN+, Milei afirmó: "Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores". La frase no fue un exabrupto aislado: se enmarca en su interpretación de Gramsci y en su estrategia de "batalla cultural". Pero su efecto es otro: legitima la clasificación de periodistas, docentes y estudiantes como sujetos peligrosos.
La reacción de intelectuales y organismos de derechos humanos fue inmediata. El jurista Roberto Gargarella señaló: "Desde la dictadura que no se escuchan cosas así". El escritor Martín Caparrós escribió: "Tenemos un país en que la corruptela estúpida de un funcionario como Adorni le sacará muchos más votos al gobierno que su presidente repitiendo los argumentos asesinos del general Videla".
La novedad no es la existencia de listas. Durante el gobierno de Macri circuló un registro con más de 500 nombres de periodistas, políticos y sindicalistas. Lo que cambió con Milei es la institucionalización administrativa: las listas ya no son un papel filtrado, sino un procedimiento con consecuencias concretas —credenciales revocadas, acreditaciones denegadas, monitoreo desde la Oficina de Respuesta Oficial.
3. Las listas negras en Estados Unidos: Media Offenders, Secure Line y CENTCOM
Media Offenders
La Casa Blanca lanzó una página oficial titulada "Media Bias / Media Offenders" que enumera al menos 20 medios y 50 periodistas con nombre y apellido, y hasta enlaces a artículos que califica de "tendenciosos" o "falsos". La sección "Offender Hall of Shame" incluye a CNN, ABC News, CBS News, The Washington Post, The New York Times, Politico y Axios. Entre los periodistas mencionados está Jake Tapper, conductor de The Lead en CNN, quien ha cubierto la guerra de Irán y las muertes de civiles. El portal clasifica los contenidos con etiquetas como "Lie" (mentira) o "Misrepresentation" (mala representación).
Secure Line
Una filtración revelada por NBC 7 documentó una lista secreta de 57 nombres vinculada a la operación "Secure Line", que incluía a 10 periodistas (siete de ellos ciudadanos estadounidenses), un abogado y 47 personas de diversos países etiquetadas como "organizadores", "instigadores" o "desconocidos". Los señalados eran sometidos a revisiones secundarias en la frontera y sus pasaportes tenían alertas. La ACLU denunció la operación como "una violación escandalosa de la Primera Enmienda".
CENTCOM
The Intercept reveló en agosto de 2026 que el Mando Central de Estados Unidos mantiene un directorio secreto de periodistas en la lista negra de la oficina de prensa. Un funcionario de asuntos públicos, Richard Allee, amenazó a un reportero con ponerlo en "una lista de personas a las que ignorar" si seguía haciendo preguntas incómodas. Al pedirle una aclaración —"¿Tienen una lista de personas a las que ignorar?"—, Allee confirmó con un enfático: "Sí". La Fundación para la Libertad de Prensa calificó la práctica como "tan inconstitucional como sea posible".
4. Las listas negras en Argentina: credenciales revocadas y ONGs vetadas
La revocación de credenciales
El 6 de abril de 2026, el gobierno de Milei revocó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios opositores: Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, FM La Patriada y El Destape. La justificación oficial fue un informe de la organización británica openDemocracy sobre una presunta campaña de "guerra híbrida" rusa, pero la propia editora del medio reconoció que no existían pruebas concluyentes sobre los pagos a periodistas. La medida tampoco fue consistente: Infobae y El Cronista también figuraban en la investigación, pero conservaron sus acreditaciones.
Tatiana Scorciapino, periodista de Tiempo Argentino, relató que al presentarse en Balcarce 50 le comunicaron que, por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le habían revocado el acceso. Su caso es el de una lista negra administrativa: hay una consecuencia concreta (no puede entrar a la Casa Rosada). Distinto es el caso de la "lista de periodistas que Milei detesta" —Silvia Mercado, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, Marcelo Bonelli, Marcelo Longobardi, entre otros—: es una lista de enemigos, sin consecuencia formal documentada, pero con un efecto de estigmatización. Confundir ambas debilita el argumento; distinguirlas lo fortalece.
La lista negra de ONGs
En agosto de 2026, el Gobierno denegó la acreditación a más de 60 representantes de organizaciones de la sociedad civil para la reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires. Los representantes habían sido acreditados por la propia OMC, pero el Gobierno argentino revocó esas acreditaciones y rechazó las gestiones del organismo para revertir la decisión. El CELS presentó habeas data y pedidos de acceso a la información para exigir las razones. La Cancillería justificó la medida afirmando que los vetados habían hecho "explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia", pero el CELS advirtió que el texto evidenciaba "tareas de acopio de información, recolección, evaluación y/o análisis de información personal", lo que viola la Ley de Inteligencia Nacional.
5. El marco legal: el DNU 941 y la Comunidad de Inteligencia Nacional
El DNU 941/2025, firmado por Milei el 31 de diciembre de 2025, reformó la Ley de Inteligencia Nacional y creó la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), que nuclea bases de datos de ARBA, Renaper, Migraciones, Aduana, ARCA y otros organismos. El artículo 15 del decreto es la pieza clave: habilita la unificación de todas esas bases en una misma arquitectura.
El decreto fue denunciado por la Asociación Gremial de Computación (AGC), que advirtió que "sienta las bases para que la empresa vinculada a Peter Thiel y Alex Karp acceda a datos sensibles y sistemas de inteligencia", y por organismos de derechos humanos. No hay evidencia pública de que el DNU haya sido suspendido judicialmente, ni de que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia se haya pronunciado públicamente sobre él. El marco legal está vigente y sin cuestionamiento judicial conocido.
6. El entramado institucional: SIDE, FBI y CNA
La conexión entre Washington y Buenos Aires no es retórica. En julio de 2026, el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de la SIDE, José Lago Rodríguez, participaron en Washington de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por Marco Rubio. Quirno fue el único extranjero invitado a disertar en el almuerzo oficial. Días después, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, viajó a Buenos Aires, se reunió con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y visitó el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que depende de la SIDE. El FBI publicó imágenes de la reunión con el mensaje: "Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras".
El CNA se financia con fondos reservados y fue presentado desde la SIDE como el "espejo" del Centro Contraterrorismo de Estados Unidos. Su función, en el marco del Escudo de las Américas, es coordinar la inteligencia y la actuación de las fuerzas de seguridad contra el "terrorismo político".
7. Palantir: el motor de la vigilancia
Peter Thiel no vino a Argentina de turismo. El cofundador de Palantir aterrizó en Buenos Aires el 12 de abril de 2026, se instaló con su familia en una mansión de Barrio Parque valuada en unos 12 millones de dólares y se reunió con Milei en la Casa Rosada el 23 de abril. Antes de esa reunión, almorzó con Santiago Caputo, el asesor que controla la SIDE, y mantuvo encuentros con el canciller Pablo Quirno.
Lo que Thiel le ofreció a Milei, según el especialista en IA Ariel Garbarz, fue "gobernar con datos cruzados" para controlar a la ciudadanía. No es una metáfora: es la descripción técnica de lo que hace Palantir. Su plataforma Gotham integra bases de datos, sensores, imágenes, inteligencia geoespacial y análisis de vínculos para perfilar individuos y clasificarlos según su "peligrosidad". La empresa fue cofundada en 2003 con financiamiento de In-Q-Tel, el fondo de inversión de la CIA, y el 54% de sus ingresos en 2025 provino de clientes gubernamentales.
Amnistía Internacional presentó un informe en agosto de 2026 que documenta la expansión de tecnologías de vigilancia durante el gobierno de Milei —reconocimiento facial, análisis de redes sociales, drones, cámaras— y advierte que Palantir está ayudando a crear un "aparato de vigilancia sin precedentes" que "afecta los derechos humanos".
Palantir no es el único proveedor. Anduril, la empresa de Palmer Luckey (co-director del Project Meridian junto a Musk y Gingrich), también provee tecnología de vigilancia y defensa. El mercado de la vigilancia se ha convertido en un sector en expansión, con contratos que superan los miles de millones de dólares. La convergencia entre el DNU 941, la retórica de Milei y las capacidades de Palantir y Anduril es demasiado grande para ser casualidad.
8. Consecuencias: estigmatización, autocensura y criminalización
Las listas negras no solo afectan a los nombres que contienen. Su efecto más profundo es el enfriamiento del debate público. Cuando un periodista sabe que puede ser clasificado como "terrorista" o que su credencial puede ser revocada, piensa dos veces antes de publicar. Cuando una ONG sabe que puede ser vetada de un foro internacional, modera su discurso. Esa es la censura indirecta: no necesita prohibir, le basta con amenazar.
A esto se suma la criminalización de la protesta. Milei afirmó que hubo "actos terroristas en las calles" durante las manifestaciones contra su gobierno. La calificación de la protesta social como "terrorismo" abre la puerta a la aplicación de medidas de excepción, a la detención preventiva y a la persecución judicial de dirigentes sociales.
Lo que no se sabe. No hay datos públicos sobre el efecto de enfriamiento. No se conocen encuestas a periodistas argentinos sobre autocensura, ni estudios académicos sobre el impacto de las listas negras en la libertad de expresión. La afirmación de que las listas producen autocensura es razonable, pero no está documentada empíricamente. La ausencia de datos es, en sí misma, un dato: la opacidad del sistema impide medir su impacto.
9. Los contrapesos: lo que existe y lo que falta
El informe no estaría completo si solo documentara la maquinaria. También hay resistencia, y es importante registrarla.
Lo que existe: el CELS presentó habeas data por el veto a las ONGs en la OMC. Amnistía Internacional publicó un informe sobre la vigilancia y advirtió que Palantir está ayudando a crear un "aparato de vigilancia sin precedentes". La Asociación Gremial de Computación denunció el DNU 941 y calificó a Palantir como "una amenaza para la democracia". Los periodistas de los medios afectados —Tatiana Scorciapino, entre otros— hicieron públicas sus denuncias. La ACLU denunció la operación Secure Line como "una violación escandalosa de la Primera Enmienda". La Fundación para la Libertad de Prensa calificó la lista negra del CENTCOM como "tan inconstitucional como sea posible".
La Justicia falló: el juez Ariel Lijo desestimó la denuncia por espionaje que motivó las restricciones, al concluir que no había riesgo para la seguridad nacional. La CIDH y su Relatoría Especial se pronunciaron: calificaron los hechos como ‘retrocesos significativos’ e instaron al Estado a revisar la medida. El Congreso no derogó el DNU 941, pese al proyecto presentado por el senador Capitanich. La Comisión Bicameral citó al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, quien expuso el 25 de agosto, pero no hay evidencia de que haya emitido un dictamen. Los contrapesos existen y actuaron, pero su eficacia fue limitada: el Gobierno mantuvo las restricciones pese al fallo judicial y a los pronunciamientos internacionales. La eficacia no está demostrada porque las medidas siguen vigentes.
10. Conclusión: la censura como política de Estado (y la resistencia como hecho)
El Escudo de las Américas no es solo una alianza militar. Es un marco que redefine quién es "terrorista" y quién no, y que habilita la clasificación de periodistas, activistas y ONGs como enemigos internos. Las listas negras de la Casa Blanca, del CENTCOM y de Secure Line son el modelo. La Argentina de Milei las replica con sus propias herramientas: credenciales revocadas, ONGs vetadas y una retórica presidencial que llama "terroristas" a estudiantes y periodistas. Y la infraestructura técnica —con Palantir y Anduril como proveedores globales de vigilancia y el DNU 941 como marco legal— está preparada para convertir esa retórica en un sistema operativo de clasificación y seguimiento.
Pero la maquinaria no funciona sin resistencia. El CELS, Amnistía Internacional, la Asociación Gremial de Computación y los propios periodistas han hecho su trabajo. Lo que falta es que los contrapesos institucionales —Justicia, Congreso, CIDH, OEA— respondan con la misma celeridad. Mientras no lo hagan, la censura seguirá siendo política de Estado, y el silencio, su mayor logro.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Escudo de las Américas?
Es una coalición de seguridad liderada por Estados Unidos que reúne a 19 países plenos. Su objetivo declarado es combatir el narcotráfico y frenar la interferencia extranjera, pero en la práctica habilita un marco de designación de "terroristas" que incluye a actores no armados.
¿Cuál es la diferencia entre una "lista negra" y una "lista de enemigos"?
Una lista negra es un registro administrativo con consecuencias concretas (no acreditación, revisión secundaria, exclusión de un foro). Una lista de enemigos es una clasificación política sin consecuencias formales documentadas, pero con un efecto de estigmatización. La "lista de periodistas que Milei detesta" es lo segundo; la revocación de credenciales es lo primero.
¿Qué es "Media Offenders"?
Es una página oficial de la Casa Blanca que enumera al menos 20 medios y 50 periodistas con nombre y apellido, clasificándolos como "tendenciosos" o "falsos". Incluye a Jake Tapper (CNN) y medios como The Washington Post, The New York Times y CBS.
¿Qué pasó con las credenciales de prensa en Argentina?
En abril de 2026, el gobierno de Milei revocó las acreditaciones de periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, A24, FM La Patriada y El Destape, citando un informe de inteligencia rusa no verificado judicialmente. La medida fue denunciada como una represalia selectiva.
¿Qué es la lista negra de ONGs?
En agosto de 2026, el Gobierno vetó la acreditación de más de 60 representantes de organizaciones de la sociedad civil para la reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires. El CELS presentó habeas data y pedidos de acceso a la información para exigir las razones.
¿Qué relación tiene Palantir con el Estado argentino?
Peter Thiel, cofundador de Palantir, visitó Buenos Aires en abril de 2026 y se reunió con Milei y con Santiago Caputo. El DNU 941/2025 creó la Comunidad de Inteligencia Nacional, que habilita la centralización de bases de datos. No hay evidencia pública de un contrato firmado entre Palantir y el Estado argentino. Lo que el informe sostiene es que la arquitectura legal y técnica está preparada para un sistema de perfilamiento y clasificación.
¿Palantir ya está clasificando "terroristas" en Argentina?
No está probado. Lo que el informe afirma es que la arquitectura legal (DNU 941) y las capacidades técnicas de Palantir (Gotham, ImmigrationOS) están preparadas para hacerlo. La afirmación de que "ya está clasificando terroristas" excede la evidencia disponible.
¿Los contrapesos institucionales funcionaron?
Parcialmente. El CELS, Amnistía Internacional, la Asociación Gremial de Computación y los periodistas afectados denunciaron y litigaron. Pero no hay evidencia pública de fallos judiciales sobre las credenciales revocadas, ni de pronunciamientos de la CIDH o de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. El Congreso no ha derogado el DNU 941.
- El Escudo de las Américas: cómo Milei expande la inteligencia y la defensa mientras ajusta el gasto social — La arquitectura geopolítica y presupuestaria que enmarca este informe.
- El TIAR vuelve: narcoterrorismo como excusa y el regreso de la tutela hemisférica — El marco legal que permite la designación de "terroristas" y la coordinación regional.
- El escudo de EEUU: la alianza que busca frenar a China en América Latina — El origen de la coalición y su lógica geopolítica.
Fuentes
- Página/12 — Milei agita el fantasma del terrorismo contra los opositores (8 de agosto de 2026).
- La Nación — Intelectuales reaccionaron a los dichos de Milei sobre "terroristas disfrazados" (4 de agosto de 2026).
- Nueva Ciudad — El Gobierno vetó el acceso a la Casa Rosada de periodistas de medios opositores (7 de abril de 2026).
- Página/12 — A explicar la lista negra de ONGs (27 de agosto de 2026).
- The Intercept — Pentagon Spokesperson Admits There's a Secret Blacklist of Journalists (24 de agosto de 2026).
- KRGV / AP — Report: Government kept tabs on journalists, 'instigators' (1 de octubre de 2026).
- Contrapunto MX — Gobierno de Estados Unidos habilita "Media Offenders" (14 de diciembre de 2025).
- Política Argentina — La lista de los periodistas que Milei detesta (2 de septiembre de 2026).
- Flipr — Ajuste para todos, menos para la SIDE: su presupuesto creció 841% y ahora trabaja para el FBI (23 de agosto de 2026).
- Chequeado — Palantir: qué es y qué relación tiene con el gobierno de Milei (2026).
- NEA Hoy — Peter Thiel se instaló en Barrio Parque (abril de 2026).
- Tiempo Argentino — El DNU 941 y la Comunidad de Inteligencia Nacional (2026).
- Clarín — Amnistía Internacional advierte sobre el "aparato de vigilancia" en Argentina (agosto de 2026).
- ACLU — Comunicado sobre la operación Secure Line (2026).
- Fundación para la Libertad de Prensa — Comunicado sobre la lista negra del CENTCOM (agosto de 2026).
Nota: Este informe es un análisis que se basa en documentos oficiales, investigaciones periodísticas y cobertura de múltiples fuentes. Las secciones marcadas como "Opinión" contienen interpretaciones analíticas. El informe distingue explícitamente entre hechos documentados, inferencias y vacíos de información. En el caso de Palantir, no existe evidencia pública de un contrato firmado con el Estado argentino, y la afirmación de que "ya está clasificando terroristas" en Argentina no está probada. Lo que se sostiene es que la arquitectura legal (DNU 941/2025) y las capacidades técnicas de la empresa están preparadas para hacerlo. Todos los datos fueron verificados con fuente primaria o al menos dos fuentes independientes. La imagen es ilustrativa y generada con IA. Los datos publicados se refieren a la fecha de redacción del artículo, 20 de octubre de 2026. Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026.
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