Maduro y Flores: cargos, salud y el negocio petrolero
Un juez denegó la prisión domiciliaria de Cilia Flores, de 69 años, con problemas cardíacos, el mismo día en que la Fiscalía añadió cargos de tortura. Mientras tanto, seis petroleras operan en Venezuela bajo licencias de EE.UU. y los ingresos se depositan en cuentas controladas por Washington. La detención no es solo un acto de justicia: es una condición operativa para el negocio petrolero.
- El 8 de octubre, el juez Alvin K. Hellerstein denegó la prisión domiciliaria de Cilia Flores, de 69 años, con taquicardia ventricular y prolapso de válvula mitral. Ese mismo día, la Fiscalía añadió cargos de tortura contra Maduro y Flores.
- El 13 de febrero, la OFAC emitió las Licencias Generales 49 y 50A, que autorizan a BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell a operar en el sector petrolero venezolano.
- Los pagos por regalías e impuestos no ingresan a las arcas venezolanas: se depositan en cuentas controladas por el Tesoro de Estados Unidos. Al menos 13.000 millones de dólares han sido canalizados así.
- La proyección del PNUD estima que Venezuela obtendrá más de 22.000 millones de dólares en ingresos petroleros en 2026, un 50% más que el año anterior.
- El precedente histórico es Irán 1953: la CIA derrocó a Mosaddeq por nacionalizar el petróleo y restauró al Shah. Como recompensa, un consorcio estadounidense obtuvo el 40% de los derechos de explotación.
Buenos Aires, 9 de octubre de 2026 — El 8 de octubre de 2026, el juez federal Alvin K. Hellerstein denegó la solicitud de Cilia Flores, de 69 años, para cumplir arresto domiciliario. Sus abogados argumentaron que debía recibir tratamiento médico fuera de la cárcel para una afección cardíaca. El mismo día, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación sustitutiva que añade cargos de conspiración para cometer tortura a Maduro y Flores. La coincidencia temporal no es un detalle procesal: es el síntoma de una operación más amplia. Mientras Maduro y Flores permanecen detenidos en Brooklyn, seis petroleras internacionales operan en Venezuela bajo licencias emitidas por Washington, y los ingresos se depositan en cuentas controladas por el Tesoro de Estados Unidos.
1. Los hechos de octubre: salud y nuevas acusaciones
El 8 de octubre de 2026, el juez federal Alvin K. Hellerstein denegó la solicitud de Cilia Flores, de 69 años, para cumplir arresto domiciliario. Sus abogados argumentaron que debía recibir tratamiento médico fuera de la cárcel para una afección cardíaca: taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica y un prolapso de la válvula mitral que requiere exploración coronaria e intervención quirúrgica. Durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Flores perdió más de 11 kilogramos y presentó palpitaciones y episodios de dolor en el pecho.
La defensa solicitó arresto domiciliario privado en Nueva York —cuyo costo sería pagado por el gobierno venezolano— con vigilancia permanente y brazalete electrónico. El juez Hellerstein denegó la moción citando la solidez de las pruebas y declaró: "La cárcel no es un lugar agradable. Pero se trata de acusaciones graves".
El mismo 8 de octubre, la Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación sustitutiva que añade cargos de conspiración para cometer tortura a Maduro y Flores. La nueva imputación sostiene que Maduro "autorizó el uso de la tortura contra determinados individuos y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política". La acusación detalla presuntos actos de tortura contra nueve personas, incluyendo tres ciudadanos estadounidenses, entre 1999 y 2025. Si todos los cargos prosperan, ambos enfrentarían una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión.
Los abogados de Flores cuestionaron el momento de la presentación, señalando que el documento fue presentado bajo sello ante un gran jurado el 6 de octubre, dos días antes de la audiencia sobre la libertad bajo fianza. La coincidencia temporal entre la denegación de la prisión domiciliaria y la presentación de nuevos cargos respalda la hipótesis de que las nuevas acusaciones funcionan como un mecanismo para prolongar la detención preventiva.
2. El negocio petrolero: las licencias y el control de los fondos
El 13 de febrero de 2026, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió las Licencias Generales 49 y 50A, que autorizan transacciones relacionadas con operaciones en el sector de petróleo y gas en Venezuela. La GL 50A autoriza específicamente a BP, Chevron, Eni, Établissements Maurel & Prom SA, Repsol y Shell a realizar transacciones vinculadas a operaciones petroleras o de gas en el país. La GL 49 autoriza la negociación y celebración de "contratos contingentes" para nuevas inversiones en el sector, incluyendo exploración, desarrollo y producción.
Las licencias establecen que todos los pagos por regalías e impuestos deben canalizarse a través de cuentas controladas por Estados Unidos. Es crucial precisar que estos fondos no ingresan a las arcas del gobierno venezolano. Inicialmente, los ingresos se depositaron en una cuenta en Catar bajo supervisión estadounidense, como mecanismo temporal. El secretario de Estado Marco Rubio explicó que el gobierno interino venezolano debe presentar un presupuesto mensual con los fondos que necesita, y Estados Unidos vigila que los recursos se gasten "en beneficio del pueblo venezolano y no del régimen anterior". Posteriormente, el secretario de Energía, Chris Wright, confirmó que los fondos ya no pasan por Catar y se depositan directamente en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según reportes del Congreso, al menos 13.000 millones de dólares han sido depositados en estas cuentas conjuntamente supervisadas por el Tesoro y el Departamento de Estado.
Trump lo declaró sin ambigüedades: "Grandes compañías petroleras estadounidenses irán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura gravemente dañada y comenzarán a ganar dinero para el país". En mayo de 2026, Trump afirmó que la gente en Venezuela está "bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones petroleras, y reveló que cenó en la Casa Blanca con los presidentes de ExxonMobil y Chevron, quienes "están interesadas en operar" en el país. La proyección del PNUD estima que Venezuela obtendrá más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras en 2026, superando en más de un 50% los 14.713 millones del año anterior.
3. La función de la detención
En este contexto, la permanencia de Maduro en prisión cumple una función operativa. Mientras esté detenido, no puede interferir en la reestructuración del sector petrolero venezolano bajo control estadounidense. Su liberación, ya sea por un fallo judicial o por una negociación política, complicaría la arquitectura de licencias y fondos que se ha construido en torno a su ausencia.
El propio Trump ha vinculado la presencia de Maduro en el poder con la imposibilidad de hacer negocios. Durante su reunión con los ejecutivos petroleros en enero de 2026, Trump argumentó que las empresas extranjeras "no tenían protecciones significativas bajo Maduro" y que ahora "tratarán directamente con nosotros". La detención no es solo un acto de justicia: es una condición operativa para el negocio petrolero.
4. Contraargumentos: la posición de Washington y las críticas desde el Congreso
Un análisis riguroso exige considerar las objeciones a la tesis central de este informe. Existen al menos tres líneas de contraargumento que merecen ser examinadas.
La justificación legal de Washington: autodefensa contra el narcoterrorismo
La administración Trump ha rechazado sistemáticamente que la operación contra Venezuela fuera ilegal. La Casa Blanca la enmarcó como un acto de "autodefensa lícita" para contrarrestar el narcoterrorismo. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos "no va a permitir que el Hemisferio Occidental sea una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales" y que los primeros pasos buscaban "asegurar lo que está en el interés nacional de Estados Unidos y también beneficiar al pueblo de Venezuela". Bajo esta lectura, la captura de Maduro no fue una agresión, sino una operación de aplicación de la ley contra un individuo acusado de narcotráfico por tribunales federales estadounidenses. Rubio también calificó a Maduro como un "presidente ilegítimo", despojándolo de la protección que le otorgaría la inmunidad diplomática.
La controversia sobre la inmunidad del jefe de Estado
La defensa de Maduro ha solicitado formalmente a un juez federal que desestime los cargos, argumentando que posee inmunidad como jefe de Estado soberano y que la corte carece de jurisdicción para procesarlo. Este es un punto jurídicamente disputado. La posición de Washington es que, al no ser reconocido como presidente legítimo, Maduro no califica para la inmunidad. La defensa sostiene que la inmunidad personal es un principio del derecho internacional consuetudinario que se aplica "independientemente del reconocimiento diplomático o consideraciones políticas". El resultado de esta disputa dependerá de cómo el tribunal interprete la relación entre el reconocimiento diplomático y la inmunidad soberana.
La falta de transparencia sobre los fondos petroleros
La crítica más significativa al manejo de los fondos no proviene de Caracas, sino del Congreso de Estados Unidos. Senadores demócratas como Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse han presionado al Tesoro y al Departamento de Estado por la falta de transparencia sobre las cuentas que controlan. En una carta de septiembre de 2026, señalaron que "la administración ha controlado miles de millones de dólares en depósitos derivados de las ventas de recursos naturales venezolanos sin transparencia sobre qué salvaguardas, si alguna, existen para prevenir el mal uso y la corrupción pública". Los legisladores advirtieron que "esta arrangement, particularmente dada la falta de transparencia, genera preocupaciones de que la Administración pueda usar su control sobre los ingresos para dirigir miles de millones en fondos sin autorización o aprobación del Congreso". Se han presentado proyectos de ley, como la Venezuela Oil Proceeds Transparency Act, que exigirían una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre el manejo de estos fondos.
5. El doble rasero con las petromonarquías del Golfo
La política exterior estadounidense aplica de manera selectiva los principios de democracia y derechos humanos. Mientras que Estados Unidos justifica la captura de Maduro como una acción en defensa de los derechos humanos y la democracia, mantiene alianzas estratégicas con monarquías absolutas del Golfo Pérsico que no cumplen con estándares democráticos ni respetan los derechos civiles.
Arabia Saudita es una monarquía absoluta sin elecciones nacionales ni libertad de prensa. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos y han solicitado embargos de armas contra el reino. Sin embargo, en noviembre de 2025, Estados Unidos aprobó la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita —la primera vez que se vende este tipo de aeronave a un país fuera de los aliados más cercanos de la OTAN—, a pesar de las preocupaciones de grupos de derechos humanos por el historial del país y su papel en la guerra de Yemen. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, fue señalado por la inteligencia estadounidense como responsable de aprobar la captura o el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, pero Trump defendió públicamente al príncipe, diciendo que "no sabía nada" sobre el asesinato.
El contraste es explícito: a un aliado estratégico se le venden los aviones de combate más letales del mundo a pesar de su historial de derechos humanos; a un adversario geopolítico se le captura mediante una operación militar y se le procesa en tribunales federales. El criterio de aplicación de la ley no es la naturaleza del régimen, sino la alineación con los intereses estratégicos de Washington.
6. El precedente histórico: Irán 1953
La intervención estadounidense en Venezuela no es un hecho aislado en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y los países productores de petróleo. En 1951, el primer ministro iraní Mohammad Mosaddeq nacionalizó la industria petrolera, que hasta entonces estaba bajo control británico a través de la Anglo-Iranian Oil Company. La medida generó una crisis internacional. En agosto de 1953, la CIA, en coordinación con el MI6 británico, ejecutó la Operación Ajax, que derrocó a Mosaddeq y restauró en el poder al Shah Mohammad Reza Pahlavi, un monarca alineado con Occidente.
El golpe fue motivado, según la historiografía mayoritaria, por la nacionalización del petróleo y la negativa de Mosaddeq a ceder el control de los recursos iraníes a las compañías extranjeras. Como recompensa, el Shah otorgó a un consorcio estadounidense el 40% de los derechos de explotación petrolera de Irán.
El paralelismo con Venezuela es estructural: un gobierno que nacionaliza recursos estratégicos, una potencia que considera esos recursos como parte de su esfera de influencia, y una operación —encubierta en 1953, abierta en 2026— para restaurar un orden favorable a los intereses de Washington. La diferencia es que en 1953 Estados Unidos actuó a través de un golpe de Estado con actores locales; en 2026, actuó directamente, con fuerzas militares propias y sin necesidad de intermediarios.
7. Conclusión
La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses constituye una violación del derecho internacional por al menos tres motivos: (1) el uso de la fuerza contra la integridad territorial de Venezuela sin autorización del Consejo de Seguridad; (2) la violación de la inmunidad del jefe de Estado en ejercicio; y (3) la ausencia de un proceso de extradición formal. El precedente que sienta es peligroso porque normaliza la acción militar unilateral contra jefes de Estado y erosiona el principio de igualdad soberana.
Los nuevos elementos verificados añaden una dimensión adicional: la acusación que durante años justificó la persecución —la existencia del Cartel de los Soles— fue retirada por falta de pruebas, y en su lugar se han acumulado nuevos cargos —tortura— en un momento procesal que coincide con la denegación de la libertad solicitada por razones de salud. El caso de Cilia Flores, de 69 años, con problemas cardíacos documentados y una solicitud de prisión domiciliaria denegada, ilustra las consecuencias humanas de este procedimiento.
Este informe no se pronuncia sobre la legitimidad del gobierno de Maduro ni sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Se limita a constatar, con base en fuentes verificables, que el proceso judicial en curso exhibe las características de un ejercicio selectivo y políticamente motivado del derecho internacional, donde los intereses estratégicos de la potencia captora prevalecen sobre las normas jurídicas y los principios de proporcionalidad y humanidad que deberían regir cualquier proceso penal.
Preguntas frecuentes
¿Qué le pasó a Cilia Flores el 8 de octubre de 2026?
El juez federal Alvin K. Hellerstein denegó su solicitud de prisión domiciliaria, a pesar de que sus abogados argumentaron que debía recibir tratamiento médico fuera de la cárcel para una afección cardíaca: taquicardia ventricular, episodios de opresión torácica y un prolapso de válvula mitral que requiere intervención quirúrgica. El juez citó la solidez de las pruebas y declaró: "La cárcel no es un lugar agradable. Pero se trata de acusaciones graves".
¿Qué son las Licencias Generales 49 y 50A de la OFAC?
Son licencias emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 13 de febrero de 2026 que autorizan transacciones relacionadas con operaciones en el sector de petróleo y gas en Venezuela. La GL 50A autoriza específicamente a BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell a operar en el país. La GL 49 autoriza la negociación de contratos contingentes para nuevas inversiones.
¿Adónde va el dinero del petróleo venezolano?
No va a las arcas del gobierno venezolano. Se deposita en cuentas controladas por el Tesoro de Estados Unidos. Inicialmente se usó una cuenta en Catar bajo supervisión estadounidense; luego, el secretario de Energía Chris Wright confirmó que los fondos se depositan directamente en el Tesoro. El gobierno interino venezolano debe presentar un presupuesto mensual para recibir los fondos que Washington considere adecuados. Según reportes del Congreso, al menos 13.000 millones de dólares han sido canalizados así.
¿Qué es el "Cartel de los Soles" y por qué fue retirado?
El "Cartel de los Soles" era la acusación central que justificó en 2020 la persecución de Maduro. Fue retirada por el propio Departamento de Justicia tras su captura, según documentos citados por The New York Times. En la acusación de 2020, el supuesto grupo criminal era mencionado 32 veces; en la versión corregida, solo dos. Las autoridades estadounidenses siguen acusando a Maduro de narcotráfico, pero eliminaron la afirmación de que el cartel fuera una organización real, calificándolo de un "sistema de patrocinio" y una "cultura de corrupción".
¿Qué pasó con el gobierno democrático de Irán en 1953?
En 1951, el primer ministro iraní Mohammad Mosaddeq nacionalizó la industria petrolera, que estaba bajo control británico. En agosto de 1953, la CIA, en coordinación con el MI6, ejecutó la Operación Ajax, que lo derrocó y restauró en el poder al Shah Mohammad Reza Pahlavi. El golpe fue motivado por la nacionalización del petróleo. Como recompensa, el Shah otorgó a un consorcio estadounidense el 40% de los derechos de explotación petrolera de Irán.
- El secuestro de Maduro y la entrega del petróleo — Cómo la captura del exmandatario se entrelaza con la reestructuración del sector energético venezolano.
- La paradoja de Trump: el fantasma de la intervención — Entre el discurso antintervencionista y la práctica imperial.
- El avance del Escudo de las Américas — Drones, listas negras y tropas en la región.
Fuentes
Salud y cargos de octubre
- Infobae / The New York Times — Un juez rechaza la solicitud de Cilia Flores para salir de prisión (8/10/2026).
- Tanjug / AP — SAD: Otpečaćena nova optužnica protiv Madura zbog navodne torture (8/10/2026).
- Qazinform — Maduro, wife face new U.S. charges over alleged torture of Americans (9/10/2026).
- China.org.cn / Xinhua — Tribunal de EEUU fija para junio de 2027 el juicio contra presidente venezolano Maduro (24/07/2026).
Petróleo, licencias y fondos
- OFAC — General Licenses 49 and 50A (13/02/2026).
- EFE — Los ingresos del petróleo de Venezuela se depositarán en el Tesoro de EE.UU. sin pasar por Catar: Chris Wright (27/02/2026).
- Swissinfo / EFE — EE.UU. supervisa una cuenta de Venezuela en Catar con ingresos petroleros, según Rubio (28/01/2026).
- Diario Libre — Trump dice que en Venezuela bailan 'en las calles' por los ingresos del petróleo (6/05/2026).
- Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs — Wyden, Warren, Whitehouse Press Trump Administration Over Revenue from Venezuelan Oil and Gold Deals (17/09/2026).
- Congress.gov — Venezuela Oil Proceeds Transparency Act (H.R. 7819 / S. 3838).
Derecho internacional y precedente
- UN OHCHR — UN experts condemn US aggression against Venezuela (7/01/2026).
- Chatham House — The US capture of President Nicolás Maduro – and attacks on Venezuela – have no justification in international law (4/01/2026).
- Swissinfo — Estados Unidos ya no se molesta en justificar sus abusos ante los ojos del mundo (entrevista con Vincent Chetail, 9/01/2026).
- International Bar Association — International law: response to US aggression shows 'collective, coordinated pushback still matters' (11/02/2026).
Petromonarquías del Golfo
- ABC News Australia — Australian F-35 exports face fresh scrutiny as jets approved for Saudi Arabia (22/11/2025).
- Human Rights Watch — Informes sobre Arabia Saudita y la guerra de Yemen.
Irán 1953
- Anadolu Agency — Former UK spy's account of 1953 Iran coup published (17/08/2020).
- The Guardian / National Security Archive — Transcripción de Norman Darbyshire sobre la Operación Ajax.
Nota: Este informe es un análisis de opinión basado en documentos oficiales, informes periodísticos y estudios académicos. Las secciones marcadas como "Opinión" contienen interpretaciones analíticas. Los datos publicados se refieren a la fecha de publicación del artículo, 9 de octubre de 2026.
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